por Patricia García
para Ambito Financiero
El Gobierno porteño dio a conocer ayer la prórroga del contrato con la concesionaria de los subterráneos por 30 días más, mientras negocia un nuevo contrato por dos años, justo en la semana en la cual también Mauricio Macri emitirá el decreto que dispone el aumento de la tarifa de $ 2,50 a $ 3,50.
La oposición al PRO presentó un amparo, ayer, para intentar detener la suba y también se dedicó a juntar firmas en ese sentido, pero la propuesta de aumento ya pasó los trámites obligatorios, como la realización de una audiencia pública y el Gobierno porteño no tiene intención de detenerla.
Macri publicará mañana en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires la norma que dispone el cambio de tarifa, que se aplicaría a partir de la semana próxima, o este fin de semana de acuerdo con cómo maneje el PRO los plazos, teniendo en cuenta que en enero de 2012 no bien se difundió el decreto de suba inmediatamente se aplicó. Ante el anuncio, la concesionaria Metrovías limitó la venta de pasajes a 40 por persona con la itención de acotar el acopio a precio viejo.
La administración macrista ya está conversando con la concesionaria los términos del nuevo contrato que, de acuerdo con la ley que se sancionó para transferir el servicio a la Ciudad, impone que la empresa deje todos los negocios adicionales que tiene en torno a los subtes, como la publicidad, el paso de fibra óptica o el alquiler de locales. Además, la discusión tiene como eje establecer penalidades más severas especialmente en lo que se refiere a la seguridad del servicio.
Amparo
Ante la decisión de aumentar el pasaje, la oposición al PRO no logró sancionar una ley que lo impida y en cambio el legislador Alejandro Bodart (MST en Proyecto Sur) presentó ante la Justicia porteña en lo Contencioso Administrativo un amparo contra la suba, sosteniendo que "este tarifazo injustificado y expulsivo sólo busca proteger el negocio privado de Metrovías, cuando el subte es un servicio público que cumple una función social" y que "la suba de un 218% en 15 meses no se condice con la inflación ni con el bolsillo de miles de usuarios".
En ese sentido, la titular de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini, envió a la Legislatura porteña un proyecto de ley para amortiguar el aumento, que propone tarifas más baratas.
La iniciativa contempla una reducción del 60% para maestros de establecimientos públicos de la Ciudad y empleados que cobren el salario mínimo vital y móvil y un subsidio del 80% del pasaje para estudiantes secundarios y de nivel terciario no universitario de escuelas públicas o privadas subsidiadas. Además, propone que viajen gratis los alumnos de escuelas primarias, personas con necesidades especiales y beneficiarios de programas de asistencia social.
El jefe de Gobierno decidió esperar la reinauguración de la línea A del subterráneo, que fue interrumpida para renovar las formaciones, antes de disponer el cambio de tarifa, además de cumplir con el trámite de audiencia pública.
Esos debates no son vinculantes y el Gobierno porteño anticipó antes de su realización que el aumento se aplicará igual.
Por ahora la administración PRO no comunicó la fecha definitiva en que cambiará la tarifa a la concesionaria, que a su vez debe comunicarles a los usuarios a partir de cuándo entra en vigencia el nuevo valor.
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