por Patricia García
para Ambito Financiero
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| Palacio Municipal Bolívar 1 |
Un bolsón de cargos que debe asignar este año la Legislatura porteña podría ablandar la resistencia de la oposición a buena parte del paquetazo de leyes que envió Mauricio Macri.
El jefe de Gobierno, tal como anticipó este diario, ya elevó más de 40 iniciativas y todas requieren mayoría de 31 votos (la mitad más uno) que el PRO no tiene propios o, para mayor dificultad al oficialismo porteño, dos tercios (40 votos) y en algunos casos doble lectura.
Aunque los macristas ya piensan en olvidar algunos proyectos que tampoco pudieron ser aprobados el año pasado, como el plan para la Comuna 8 (barrios de Villa Soldati, Lugano y Riachuelo) o la conflictiva sesión de una manzana en Colegiales para productoras televisivas, lo que les queda es igualmente denso. El paquete incluye la venta de bienes porteños, también el Presupuesto 2014 y las leyes Tarifaria y Código Fiscal. Por eso creen, en el PRO, que al tener que llegar a un entendimiento por la cobertura de puestos clave en organismo externos, también podrán arribar a algún consenso para reunir los votos difíciles, antes de fin de año.
Una agenda recargada ya maneja el titular de la Legislatura, Cristian Ritondo, para después de las elecciones, con la ilusión de poder sancionar esta misma semana un par de iniciativas, teniendo en cuenta que el PRO busca cerrar el paquetazo y los nombramientos antes del recambio de bancas que ocurrirá en diciembre.
Las designaciones son cerca de treinta en siete organismos distintos de la Ciudad de Buenos Aires. El listado comienza con la renovación en el Ministerio Público porteño de la Asesoría Tutelar General, la Fiscalía General y la Defensoría General. La asesora tutelar es actualmente Laura Musa exdiputada nacional por la Coalición Cívica cuando tomó el cargo que le correspondió a esa agrupación política, mientras que el fiscal general, Germán Garavano, le correspondió al PRO que ahora podría proponer para su reemplazo al legislador Martín Ocampo, aunque hay otros nombres en danza. El defensor general,Mario Jaime Kestelboim, fue a propuesta del PJ y asumió en marzo de 2007.
Uno de los conflictos será la proporción que le corresponderá a la oposición al PRO y cómo se mide el número de bancas de cada bloque rival. El kirchnerismo es ahora un interbloque, mientras que la Coalición Cívica comparte sello electoral con parte de Proyecto Sur y del bloque de la UCR.
Otros tres puestos se renuevan en el Comité de Seguimiento del Sistema de la Seguridad Pública, que es un órgano "de consulta y asesoramiento del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Legislatura". Lo integran 6 miembros que duran cuatro años en sus cargos, tres de los cuales los nombra Macri y trabajan ad honorem y los otros tres los designa la Legislatura (con sueldos) y actualmente son Roberto Destéfano (PRO), Pablo Failde -ex legislador que integró la Coalición Cívica pero mutó al kirchnerismo- y Guillermo Smith, también exlegislador de la Coalición Cívica que ahora integra el combo UNEN.
En el bolsón también están los cuatro puestos de directores del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, organismo que tendrá una función más específica como es el control de los subterráneos que fueron traspasados al distrito. El jefe de Gobierno quiere proponer al nuevo director que reemplazará a Lisandro Ferrali, quien en su momento ingresó como un acuerdo de aliados al macrismo. Nueve sillas más se cambiarán en el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COMPUA), organismo que debe encargarse de asesorar sobre los temas de su materia y, entre otros objetivos, impulsar las inversiones sustentables y generar empleo.
Otro instituto que se renovará es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, quizá el lugar más peleado por la oposición. Lo preside Alicia Pierini (PJ), quien ya lleva dos mandatos consecutivos -diez años- y no puede ser reelecta. Desde el combo UNEN ya estarían anotados el radical Claudio Pressman, quien no renovará su banca en la Legislatura porteña, y hay quienes promueven al legislador Julio Raffo de la agrupación de Fernando Pino Solanas, ahora integrante de UNEN. Raffo es candidato a diputado nacional por la lista que encabeza Elisa Carrió, pero no estaría en un lugar con altas probabilidades de asegurarle el pase al Congreso.
El defensor general es asistido por cinco adjuntos especializados en distintos temas cuatro en forma rotativa y uno exclusivamente en materia bancaria y financiera, mutuales y cooperativas.
Los cargos son por cinco años y las designaciones requieren de 40 votos en el recinto de la Legislatura, como obtuvieronAtilio Allimena, José Palmiotti, Gerardo Gómez Coronado, Andrés Elisseche y Laura Muñiz, que ocupan actualmente las defensorías adjuntas. Finalmente, los legisladores deberán también acordar quiénes ocuparán cinco cargos más en el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, y como plus, una silla en el Consejo de Mecenazgo, ad honorem, para cerrar el bolsón.
El jefe de Gobierno, tal como anticipó este diario, ya elevó más de 40 iniciativas y todas requieren mayoría de 31 votos (la mitad más uno) que el PRO no tiene propios o, para mayor dificultad al oficialismo porteño, dos tercios (40 votos) y en algunos casos doble lectura.
Aunque los macristas ya piensan en olvidar algunos proyectos que tampoco pudieron ser aprobados el año pasado, como el plan para la Comuna 8 (barrios de Villa Soldati, Lugano y Riachuelo) o la conflictiva sesión de una manzana en Colegiales para productoras televisivas, lo que les queda es igualmente denso. El paquete incluye la venta de bienes porteños, también el Presupuesto 2014 y las leyes Tarifaria y Código Fiscal. Por eso creen, en el PRO, que al tener que llegar a un entendimiento por la cobertura de puestos clave en organismo externos, también podrán arribar a algún consenso para reunir los votos difíciles, antes de fin de año.
Una agenda recargada ya maneja el titular de la Legislatura, Cristian Ritondo, para después de las elecciones, con la ilusión de poder sancionar esta misma semana un par de iniciativas, teniendo en cuenta que el PRO busca cerrar el paquetazo y los nombramientos antes del recambio de bancas que ocurrirá en diciembre.
Las designaciones son cerca de treinta en siete organismos distintos de la Ciudad de Buenos Aires. El listado comienza con la renovación en el Ministerio Público porteño de la Asesoría Tutelar General, la Fiscalía General y la Defensoría General. La asesora tutelar es actualmente Laura Musa exdiputada nacional por la Coalición Cívica cuando tomó el cargo que le correspondió a esa agrupación política, mientras que el fiscal general, Germán Garavano, le correspondió al PRO que ahora podría proponer para su reemplazo al legislador Martín Ocampo, aunque hay otros nombres en danza. El defensor general,Mario Jaime Kestelboim, fue a propuesta del PJ y asumió en marzo de 2007.
Uno de los conflictos será la proporción que le corresponderá a la oposición al PRO y cómo se mide el número de bancas de cada bloque rival. El kirchnerismo es ahora un interbloque, mientras que la Coalición Cívica comparte sello electoral con parte de Proyecto Sur y del bloque de la UCR.
Otros tres puestos se renuevan en el Comité de Seguimiento del Sistema de la Seguridad Pública, que es un órgano "de consulta y asesoramiento del Ministerio de Justicia y Seguridad y de la Legislatura". Lo integran 6 miembros que duran cuatro años en sus cargos, tres de los cuales los nombra Macri y trabajan ad honorem y los otros tres los designa la Legislatura (con sueldos) y actualmente son Roberto Destéfano (PRO), Pablo Failde -ex legislador que integró la Coalición Cívica pero mutó al kirchnerismo- y Guillermo Smith, también exlegislador de la Coalición Cívica que ahora integra el combo UNEN.
En el bolsón también están los cuatro puestos de directores del Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, organismo que tendrá una función más específica como es el control de los subterráneos que fueron traspasados al distrito. El jefe de Gobierno quiere proponer al nuevo director que reemplazará a Lisandro Ferrali, quien en su momento ingresó como un acuerdo de aliados al macrismo. Nueve sillas más se cambiarán en el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COMPUA), organismo que debe encargarse de asesorar sobre los temas de su materia y, entre otros objetivos, impulsar las inversiones sustentables y generar empleo.
Otro instituto que se renovará es la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, quizá el lugar más peleado por la oposición. Lo preside Alicia Pierini (PJ), quien ya lleva dos mandatos consecutivos -diez años- y no puede ser reelecta. Desde el combo UNEN ya estarían anotados el radical Claudio Pressman, quien no renovará su banca en la Legislatura porteña, y hay quienes promueven al legislador Julio Raffo de la agrupación de Fernando Pino Solanas, ahora integrante de UNEN. Raffo es candidato a diputado nacional por la lista que encabeza Elisa Carrió, pero no estaría en un lugar con altas probabilidades de asegurarle el pase al Congreso.
El defensor general es asistido por cinco adjuntos especializados en distintos temas cuatro en forma rotativa y uno exclusivamente en materia bancaria y financiera, mutuales y cooperativas.
Los cargos son por cinco años y las designaciones requieren de 40 votos en el recinto de la Legislatura, como obtuvieronAtilio Allimena, José Palmiotti, Gerardo Gómez Coronado, Andrés Elisseche y Laura Muñiz, que ocupan actualmente las defensorías adjuntas. Finalmente, los legisladores deberán también acordar quiénes ocuparán cinco cargos más en el Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, y como plus, una silla en el Consejo de Mecenazgo, ad honorem, para cerrar el bolsón.
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